Exit Justicia | Artículo | Roberto Pérez-Franco

Dieciséis meses después de la democracia panameña (q.e.p.d.), ha muerto ayer la justicia panameña (q.e.p.d.), precisamente a manos de quienes deberían ser sus máximos defensores. Nuestro país, que ya estaba tuerto del ojo de la democracia, ahora - al perder el ojo cataratoso de la justicia - ha quedado totalmente ciego y a la deriva.

Objetivamente, nadie podría decir que antes de ayer la Justicia en Panamá era realmente justa. Para botón de muestra tenemos la mora judicial, que hacina incontables personas sin juzgar en las condiciones infrahumanas de las cárceles, incluyendo muchas que han cumplido casi la totalidad de las penas que recibirían en el caso de ser encontradas culpables del crimen por el cual todavía no se les ha siquiera juzgado. Otra muestra de la injusticia en nuestro país es que muchos responsables de los más de cien muertos y de los millones de dólares malversados en el tiempo de la dictadura, así como los responsables confesos (y los no confesos) del escándalo CEMIS, andan libremente por las calles, incluso haciendo política y - colmo de los colmos - siendo reelegidos para puestos públicos.

Sin embargo, el fallo emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia no tiene precedentes y ha sido la puñalada a la yugular que pone fin a las esperanzas de sanear el sistema judicial panameño. Aprovechando su pronunciamiento sobre un tema distinto, la Corte Suprema ha fallado que la Contraloría General de la República no tiene facultad para investigar al presidente de la República ni a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni puede remitir al procurador de la Nación alguna actuación o investigación iniciada en contra del presidente de la República o de los magistrados de la Corte. Combinando este fallo con la inmunidad de los legisladores tenemos la fórmula que llevará a los tres órganos del gobierno a la bancarrota moral. En otras palabras, los políticos están por encima de la justicia.

Deberíamos rebautizar a la Corte Suprema con un nombre más adecuado: La Tremenda Corte. Salvando su voto, Arjona ha preservado una vez más su nombre como el único magistrado de la Corte Suprema que conoce el significado de la palabra Justicia. A pesar de casos excepcionales como el de Arjona, el órgano judicial ha mostrado un grado de putrefacción impresionante, empezando por la cabeza.

Lo más irritante del fallo de la Tremenda Corte no es su patente falta de ética, y su explícita licencia de corso para magistrados y presidentes corruptos, sino la implícita suposición de que todos los panameños somos imbéciles.

Al resquebrajar la justicia, este fallo está poniendo en peligro la paz social, porque (cual llama en presencia del oxígeno) ésta última solamente existe en presencia de la primera. Ha llegado la hora de poner un alto a esta degeneración galopante, mientras todavía estamos a tiempo de salvar lo que nos queda de institucionalidad democrática en Panamá.